El gobernador Sergio Ziliotto firmó un decreto que establece la obligatoriedad del trabajo presencial en toda la administración pública provincial a partir del próximo 4 de abril. Quedan exceptuados, y continuarán realizando teletrabajo, únicamente las personas que tengan «inmunodeficiencias congénitas o adquiridas» y los pacientes oncológicos y trasplantados.
Desde mediados del año pasado y a partir la cobertura de vacunación y la evolución de la pandemia de coronavirus los trabajadores de la administración pública comenzaron a regresar a la presencialidad, después que en en marzo de 2020, la gran mayoría, pasaron a trabajar en forma remota desde sus hogares.
Ahora, se conoció el decreto 669, firmado por Ziliotto el pasado 25 de marzo, que establece «para los y las agentes públicos provinciales pertenecientes a la Administración Centralizada y Organismos Autárquicos y Descentralizados de la Administración Pública Provincial, la obligatoriedad de la prestación de servicios en forma presencial».
Aclara que «los agentes alcanzados por el artículo 1° que no cumplieran con la presencialidad dispuesta, serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable».
«La presente medida tendrá vigencia a partir del 4 de abril del corriente año», indica.
De la situación de los y las agentes que decidieron no vacunarse el decreto no da ninguna especificación.
Los únicos exceptuados son las personas con inmunodeficiencias congénitas y pacientes oncológicos y trasplantados.